22 agosto, 2022 2 minutos de lectura
TOMADA DEL CARIBE
La semana anterior tanto en Los Ángeles, California, como en la capital dominicana, se dieron a conocer dos lamentos similares por la violación del honor a la intimidad e imagen de una persona fallecida.
El viernes, Vanessa Bryant, la viuda del basquetbolista Kobe Bryant, quien perdió la vida junto a su hija de 13 años Gianna y otras siete personas en enero de 2020 tras la caída del helicóptero que los transportaba, testificó ante una corte federal sobre el horror y el vuelco que tuvo su vida al enterarse de que policías y bomberos compartieron fotografías de los cadáveres de ambos. Ella interpuso una demanda contra el condado por invasión de la privacidad.
Y la viuda de Reinaldo Pared Pérez, Ingrid Mendoza, deploró el pasado jueves que a casi 10 meses del infausto acontecimiento no ha habido consecuencias por la publicación de la foto de su cuerpo sin vida, que luego fue manipulada, tomada de forma irrespetuosa por un militar que acudió al lugar del hecho.
En Los Ángeles, Vanessa pelea su demanda en una corte por la afectación a la intimidad y al honor, pero en República Dominicana Ingrid ni siquiera ha recibido una satisfacción para la familia, pese a que las autoridades se comprometieron públicamente a sancionar a la persona que socializó la fotografía del cadáver de Reinaldo.
El drama de Vanessa e Ingrid debiera servir para insistir en que la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas debe ser escrupulosamente respetado.
Pero también tiene que servir para deplorar que todavía haya quienes por ganar lectores y visualizaciones mediante el morbo publican escenas groseras, que incluyen la manipulación pública de cadáveres.
Al margen de curiosidad o interés periodístico, resulta deleznable esa conducta de revictimizar a los familiares.
Los casos de Bryant y Reinaldo son incluso más graves, porque ambas familias tuvieron que comenzar su proceso de duelo en las condiciones más difíciles imaginables, debido a que las fotografías resultaron de consumo público porque, inexplicablemente, las autoridades, que debieron tomarlas únicamente porque eran esenciales para evaluar el entorno, optaron por compartirlas.
