SANTO DOMINGO.- El abogado Carlos Salcedo informó que apelará la decisión del juez de instrucción José Alejandro Vargas de enviar a prisión preventiva por tres meses a sus clientes Alexis Medina Sánchez y Francisco Pagán, acusados de corrupción administrativa.
Indicó que la decisión de Vargas no tiene fundamento, desde el punto de vista probatorio, por lo que someterá el recurso tan pronto reciba la notificación del dictamen, que deberá producirse en los próximos 15 días.
Alegó que Francisco Pagán tiene varias complicaciones de salud, entre ellas deficiencia pulmonar, hipertensión y diabetes.
De su lado, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso declaró que las medidas de coerción que impuso Vargas a los 11 implicados en el alegado entramado de corrupción denominado “Operación Anti Pulpo” es una decisión conforme al Derecho.
El juez Vargas también impuso medida de coerción a otros nueve imputados, entre ellos Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, a quien se le imputa haber incurrido en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, y el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, deberán cumplir tres meses de arresto domiciliario, con un brazalete, y estarán bajo vigilancia del Ministerio Público. Además, no podrán salir del país y tendrán que pagar una fianza de 10 millones de pesos, mediante contrato.
El exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando A. Rosa Rosa, también tendrá que cumplir tres meses de prisión preventiva en el CCR San Cristóbal.
Julián Esteban Suriel Suazo, a quien se le ocupó un arsenal ilegal, así como José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda deberán guardar tres meses de prisión preventiva en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.
Contra el excontralor de la República, Rafael Germosén, el juez ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida.
Domingo Antonio Santiago Muñoz quedará en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación de la Operación Anti Pulpo.
