Los gobiernos, el Ministerio Público y hasta parte de la justicia han terminado siendo cómplices de ciertas acciones que, en determinados momentos, se han cubierto bajo el manto del poder político dominante.
En el caso de las autoridades actuales, han sido reiterativas en recurrir a la política retórica para el abordaje de prácticas del presente sospechosas de corrupción y perseguir las reales o supuestas del pasado.
Recientemente, en un ejercicio retórico, el presidente Luis Abinader aseguró que la administración bajo su cargo mantiene un mensaje claro de “cero tolerancia” a la corrupción.
Posteriormente, en otro intento oficial por reafirmar ese mensaje, el Gobierno informó que la República Dominicana será la sede del foro mundial anticorrupción que reúne a jefes de Estado, la sociedad civil y del sector privado. Se trata de la Conferencia Internacional contra la Corrupción y Transparencia Internacional.
Existe una larga lista de funcionarios, de más de tres decenas, destituidos, suspendidos y renunciantes que se apartaron o han sido excluidos del Gobierno por múltiples situaciones, algunas presuntamente corruptas, sin que se haya movido la acción pública para agotar, al menos, la Fase de investigación que sugiere las prácticas éticas elementales.
Entre las primeras desvinculadas de la administración de Abinader figuran Kinsberly Taveras y Luz del Alba Jiménez, exministras de la Juventud.
Taveras tomó licencia en diciembre del 2020 cuando la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa abrió una investigación por la fortuna superior a los 100 millones de pesos que hizo en su declaración de patrimonio. Luego renunció. Fue electa diputada PRM-Santo Domingo.
Mientras que Jiménez entró en relevo de Kinsberly y casi un año después, seis de septiembre del 2021, fue destituida mediante Decreto 786-21, por denuncias de irregularidades con licitaciones.
Para el mes de marzo siguiente, el mandatario intentó reintegrarla en el Gobierno como vicecónsul de la República Dominicana en Barcelona, pero la reacción social fue tan crítica que dispuso la suspensión del nombramiento.
Uno de los casos de mayor connotación se trató el del empresario Lisandro Macarulla , quien optó por la licencia como ministro de la Presidencia y luego renunció, tras un suyo hijo y su empresa, ser vinculados con supuestas irregularidades en la construcción de la Cárcel La Nueva Victoria.
En tanto que Wanda García fue destituida del Acuario Nacional, mediante Decreto 20-24, señalada por presuntas irregularidades en compras y contrataciones, hecho por el que fue suspendida del cargo.
Esto solo es una muestra, porque la lista es larga, sin procesamiento judicial, evidenciando que la lucha contra la corrupción gubernamental es mucho más que retórica de poder, sino de práctica ética en la función pública.
