Exigen Tribunales Superiores Administrativos y más presupuesto
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio Dominicano de Abogados (CARD) calificó el 2025 como el año del retroceso judicial con una justicia «cara, lenta, mala y negadora de derechos», además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al tiempo que exigió un mayor presupuesto para el Poder Judicial.
La entidad, a través de sus representantes, Trajano Vidal Potentini, presidente y el abogado Miguel Surun, aseguró que el discurso del presidente Henry Molina, presidente del Poder Judicial, con cifras y estadísticas, no se corresponde con la realidad dominicana.
Asimismo pidió la apertura de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, previstos en la Constitución, los cuales constituirán la puerta de entrada del estado de derecho, en esa relación desigual que mantienen los ciudadanos frente al leviatán, en que se erige el estado dominicano desde la administración pública, con el desconocimiento de los derechos fundamentales.
Los abogados en ocasión de conmemorarse el día del Poder Judicial, marcharon con una mano de plátano, un salami y una gallina en señal de la retórica realidad del pueblo dominicano, resaltando casos de robo de un conejo, de gallinas, de un salami o de una mano de plátano, a los que se le impone altas condenas, en contraste con los ricos y criminalidad de cuello blanco de poderosos que, según la entidad, gozan de gran impunidad.
Trajano Potentini, explicó que esta movilización responde a una profunda preocupación del gremio jurídico ante situaciones que afectan gravemente el Estado social y democrático de derecho, de manera general resaltan como males reiterados, la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa, la precarización del ejercicio profesional del abogado y los obstáculos que enfrentan los abogados y la población para acceder a una tutela judicial efectiva.
Dentro de los reclamos del gremio se encuentran: Un salario mínimo de 60 mil para todos los abogados que laboren en el Poder Judicial, el no traslado de la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo para los Mameyes, en detrimento y dificultades para acceder a la justicia de decenas de usuarios y abogados.
Así como el respeto del escalafón en la carrera judicial y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores judiciales, incluyendo, esto último (por parte del Poder Ejecutivo), el hacer realidad un sistema de pensiones para el Ministerio Público y establecer filas y estafetas especiales y exclusivas para los abogados en las gestiones de los tribunales y jurisdicción inmobiliaria.
